Su casco histórico fue declarado Monumento Nacional en julio
Los fantasmas que penan en el Cementerio General
Abandono de tumbas de ex presidentes y el ineficiente sistema de acopio de basura son algunos de los problemas detectados por el arquitecto Tomás Domínguez. El director del recinto, Tulio Guevara, reconoce en parte los hechos, argumentando que el campo santo es de uso público y que se financia con recursos propios y del municipio de Recoleta.
Bernardo O’Higgins lo inauguró en 1821 como un espacio para recordar las almas de los chilenos sin importar su condición social. Hoy, convertido en el campo santo más antiguo del país, con casi 200 años, parte del Cementerio General acaba de ser declarado monumento histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), de modo que, un tercio de su superficie, que incluye su casco antiguo, portales y la Plaza La Paz, podrá postular a fondos públicos para alejar las señales que dejan el paso del tiempo y los vándalos.
Pasear entre sus sombreadas callejuelas es recorrer la historia republicana de Chile. Más de ciento setenta personajes históricos y todos los presidentes, a excepción de Gabriel González Videla y Augusto Pinochet, están enterrados en este cementerio, en cuyo interior ya tenía otro monumento histórico: el tristemente famoso patio 29. Sumando y restando metros cuadrados, el cementerio de la Avenida La Paz es hoy el segundo espacio patrimonial más grande defendido por ley después de la isla de Rapa Nui. No obstante, hay fantasmas que penan para garantizar su defensa patrimonial, según el arquitecto Tomás Domínguez.
Hace años que Domínguez se ha transformado en un visitante asiduo del cementerio. Desde muy joven trabajó levantando el mejor catastro de mausoleos y esculturas del campo santo. Incluso, hizo su tesis de arquitecto sobre la historia del cementerio. Obsesionado, acumuló páginas de información. Sacó fotos y subió la página http://www.laciudaddelosmuertos.org/ para reunir firmas con el fin de llamar la atención por lo que él considera la gran tragedia del campo santo. Todo ese material fue parte del que se presentó ante el CMN para la declaración de monumento que, en junio pasado, por fin tuvo luz verde.
De todas formas, Domínguez no está conforme. Mientras la tumba del guerrillero Manuel Rodríguez y el Mausoleo de los Veteranos del ’79 quedan protegidos, el edificio de la colonia italiana y el memorial de la dolorosa matanza del Seguro Obrero siguen sólo a merced de la mano de Dios. Además, reclama que algunos problemas, como la recolección de basura, continuarán opacando la belleza del patrimonio. “Ni siquiera tienen vehículos de recolección adecuados al ancho de sus callecitas y al tipo de desechos”, señala el arquitecto.
En su despacho, Tulio Guevara, director del Cementerio General, llama a la calma. “Lo estamos tecnificando”, dice al anunciar que el clásico sistema de recolección de tambores de lata pronto llegará a su fin.
Donde Guevara sí reconoce más dificultades es en la defensa de las esculturas, mausoleos y lápidas que, a menudo, son destruidas o robadas por vándalos que no respetan ni a los muertos. También en el control que pueden ejercer ante la indiferencia que muestran los deudos al paso del tiempo y que deteriora las moradas de sus antepasados.
Basta un breve recorrido por los pasillos y patios del cementerio para sorprenderse de que las sepulturas sean utilizadas de bodegas y acopio de basura (ver fotografía). “La tolerancia de la administración ante estos hechos no se justifica. ¿Acaso por ser un servicio público tenemos que tolerar su negligencia?”, reflexiona el arquitecto que, desde su visión profesional, también ve un tremendo atentado al patrimonio en la libertad de estilos que se autorizan para edificar. Hoy es común ver colosales mausoleos -estilo gótico o clásico- de magnífico mármol en convivencia con otros edificios posmodernos de estructuras de vidrio y aluminio. “Se ha construido sin normas. Pero con el decreto de monumento histórico, habrá que crear un plan de manejo para unificar un criterio coherente de conservación”, explica Domínguez.
Sin embargo, la administración tiene otra interpretación. Para Guevara, el diseño y estilo de las nuevas construcciones que reemplazan a las deterioradas son parte de la creatividad y presupuesto que tenga cada familia. “Acá no hay un plan regulador. Si una familia compra un tipo de mausoleo determinado, es un derecho humano básico decidir sobre el estilo y diseño de éste y también la ubicación, dependiendo de los recursos de cada uno de ellos”, enfatiza.
Ajenos a opiniones y polémicas, los visitantes atentos seguro se sorprenderán al ver las tumbas de ex presidentes cubiertas de malezas y rayadas. El sepulcro de José Manuel Balmaceda es el más deteriorado, con sus muros llenos de grafitis con peticiones de estudiantes desesperados. Se ha transformado en el patrono de los porros.
“No podemos tener personas 24 horas de punto fijo. Lo que hacemos es limpiar y dejar todo esto impoluto, pero yo insisto: la responsabilidad de la tumba de Balmaceda recae en sus descendientes”, reclama Guevara.
Lucha independentista
La “época de oro” del Cementerio General fue durante el período de 1845 y 1930, años en que lo administró la Beneficencia Pública. Reformas económicas y administrativas lo traspasaron, entre 1931 y 1992, a manos del Servicio Nacional de Salud hasta que los cementerios públicos de Chile fueron municipalizados. Así, quedó bajo la tuición del municipio de Santiago, hasta que la ciudad fue redistribuida geográficamente y pasó a depender de la actual comuna de Recoleta.
Para Domínguez, el fondo del problema patrimonial del Cementerio General depende de que su mantención, cuidados y regulaciones dejen de ser responsabilidades de un municipio y pasen a ser de otro organismo ajeno a una administración que cambia según las elecciones municipales. Esa ha sido su lucha. “Hace poco se vendieron los derechos de agua del cementerio. Son mil 500 millones de pesos anuales que, de permanecer en el establecimiento, podrían ayudar adecuadamente a la defensa de su patrimonio”, argumenta.
Guevara desestima la solución. “No comparto que el cementerio sea administrado por un ente estatal, al contrario, el aporte que entregamos nosotros es por autofinanciamiento y todas las medidas que adoptamos para la mejora del patrimonio son con recursos propios”, plantea.
Al menos, en lo que se refiere a buenas intenciones, Guevara concuerda con Domínguez: “Este es un museo al aire libre, por eso, mientras el municipio esté a cargo, continuará con todos los planes de manejo y preservación para cuidar el patrimonio cultural de todos”, dice el administrador municipal.
Otro buen negocio al interior del campo santo son los autos. Para ingresar, cada vehículo cancela, sin excepción, mil 400 pesos, independiente del tiempo que se quede. El dinero recaudado, según la administración, se destina al financiamiento de la mantención y la limpieza. “Se cobra por ingresar al cementerio desde hace más de 20 años. No es una imposición nuestra. En el fondo, son ingresos que están destinados a mantener y preservar el cementerio, como una forma de autofinanciamiento”, aclara Guevara.
Catalina Mesías, acomodadora de autos en las inmediaciones del gran recinto, explica el funcionamiento del sistema. “Los del cementerio dijeron que no pusieran marcadores (parquímetros humanos) acá, entonces, la gente que viene evita entrar para no pagar y se estaciona acá un rato y, con suerte, nos da $200 de propina. En cambio, con los peajes, ellos ganan cualquier plata”, alega mientras obliga a calcular que sólo un cortejo de 20 autos, genera ingresos por 28 mil pesos.
Las críticas del arquitecto
El desorden mayor, según el arquitecto Tomás Domínguez, se ha generado por el loteo de las calles internas del cementerio para vender tumbas en medio del casco antiguo. Desde el punto de vista urbano, asegura, esta estrategia ha angostado calles y anulado los espacios de paseo familiar y reflexión que se generaban entre los edificios y los jardines. Las más perjudicadas son las familias que tienen nichos en los primeros pisos y dan a las calles intervenidas (ver fotos). “Esto sucede por presiones y apetitos del municipio de Recoleta, que ha causado mucho daño a esta intención de hacer del campo santo un lugar de paseo también”, critica.
En esta frenética búsqueda de espacios para vender y ofertar últimas moradas, el arquitecto también reprocha que la actual administración desconozca la posible remoción de las osamentas de cuerpos del grupo de mil 488 fallecidos en el gran incendio de la iglesia de la Compañía, de 1863. Según Domínguez, muchas osamentas habrían sido pasadas a llevar en las obras de restauración del 2002. “Que sus restos sean arrasados por maquinaria pesada y eliminados como escombros, es un agravio tremendo y un olvido injusto”, indica.
Pero Guevara replica: “Jamás se hizo un hoyo allí. Y eso está acreditado por la Contraloría. De hecho, lo que se hizo ahí fue aplanar el piso y poner piedras. Jamás se tocaron esos restos. Eso es un invento, que no tengo por qué contestar”, señaló.
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