X Encuentro de Cementerios Patrimoniales – Medellín - octubre 2009
LA DECLARATORIA DE MONUMENTO NACIONAL
DEL CEMENTERIO GENERAL DE SANTIAGO.
Autor: Tomás Domínguez Balmaceda.
Arquitecto de la Universidad Católica de Chile.
ABSTRACT:
Exposición del trabajo arquitectónico y documental orientado a conseguir la protección en la categoría de Monumento Histórico del casco antiguo del Cementerio General de Santiago y de las estrategias y gestiones de todo tipo realizadas para lograr el éxito de la protección.
PALABRAS CLAVES:
DECLARATORIA – MONUMENTO – NACIONAL – CEMENTERIO GENERAL – SANTIAGO DE CHILE
PONENCIA:
¿Por qué tras 80 años de existencia de la Ley chilena de Monumentos Nacionales, el Cementerio General aún no contaba con la protección de esta ley?
La Ley crea los decretos para la protección y conservación de nuestros inmuebles patrimoniales, crea el Consejo del Monumentos compuesto por 20 representantes de distintas instituciones y crea una Secretaría Ejecutiva que propone, coordina y tramita los decretos de protección, autoridad pública cuyo nombramiento es político y no técnico.
Establece también que la responsabilidad de postular un bien a la categoría de Monumento Nacional recae sobre esta Secretaría o sobre los propietarios del bien, en este caso la Municipalidad de Recoleta. Además permite que cualquier ciudadano pueda realizar una postulación, lo que me permitió ejercer este derecho y hacer la solicitud de la declaratoria, a través de la confección de un Expediente Técnico hecho gracias a un FONDART 2008, fondo concursarle que financió el trabajo que se desarrolló entre julio y diciembre.
El 26 de julio del año pasado empezaron los problemas al aparecer un artículo en el diario El Mercurio en dónde se exponía la idea de la propuesta, se denunciaban los daños recientes al patrimonio del cementerio y en donde el director del establecimiento declaraba el tajante rechazo a la iniciativa. Tres días después Chilevisión reporteó el tema. En ambos casos y en otra decena de oportunidades posteriores fue fundamental el trabajo en conjunto con los periodistas en las visitas a terreno para orientar la creación de conciencia sobre el respeto a los cementerios, sobre la existencia de este patrimonio y sobre la naturaleza de esta riqueza.
La oposición de la Administración se justificó en que se aumentaría la burocracia al gestionar cada nueva intervención en el cementerio, porque sería necesario solicitar la aprobación de otra institución para la realización de las obras. Las razones de fondo son que se verá afectada la actual explotación que realiza la Municipalidad de Recoleta y que ha significado daños irreparables como la pérdida de espacios públicos producto del loteo y construcción en medio de las calles del casco antiguo, la demolición o reventas de mausoleos de siglo xix e incluso anteriores a 1850, la irrupción de obras de mala calidad arquitectónica y material, la venta de los derechos de agua, etc. El decreto afectaría el manejo de este inmueble lo que interesa al presupuesto municipal porque el Cementerio General representa el principal ingreso de la Municipalidad de Recoleta, además impone nuevas obligaciones en el cuidado de su patrimonio cultural y nuevas responsabilidades civiles a su administración, por ejemplo en caso de robo de esculturas.
El Expediente Técnico consistió el la sistematización de la información de años de estudio del Cementerio General y los principales instrumentos para fundamentar la propuesta fueron el plano tumba a tumba y el catastro patrimonial georeferenciado de 2700
obras, sobre los cuales definí con exactitud los polígonos de las áreas a proteger, atendiendo al detalle y complejidad del tejido urbano del Cementerio.
El contenido del Expediente es el siguiente:
A- DESCRIPCIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL.
1- Antecedentes generales.
2- Relevancia histórica.
3- Relevancia urbana.
4- Relevancia de su contexto urbano.
5- Relevancia Arquitectónica.
6- Relevancia Cultural.
7- Relevancia Social.
B – DOCUMENTOS y HERRAMIENTAS TECNICOS
1- Planimetrías
2- Catálogo de las principales obras y monumentos seleccionados
- 56 fichas de tumbas de personajes históricos destacados.
- 88 fichas de obras de arquitectura destacada.
- 28 fichas de obras de escultura destacada.
- 8 fichas de Monumentos Públicos.
- 8 fichas de patrimonio inmaterial y folclore.
C – SOLICITUD DE DECLARATORIA.
Ahondando en este punto, la solicitud diferencia dos áreas de protección: en la categoría de Monumento Histórico un área de protección dura y máxima exigencia de conservación y una segunda área de protección blanda y de mayor flexibilidad bajo la categoría de Zona Típica, orientada a al conservación de los espacios públicos y de los elementos urbanos y lugares más significativos, así cómo a reconocer la importancia de zonas de entierro popular, que aunque carecen de valor histórico y en ocasiones de valor estético, son el templo de la devoción de cientos de miles de santiaguinos y el suelo donde descansan más de 1 millón de personas.
El perímetro del Monumento Histórico abarca 28 hectáreas y se definió por el área edificada con anterioridad a la década de 1930 y dónde se concentran el 95% de las tumbas y obras de mayor valor, incluido el conjunto de acceso formado por los portales y la Plaza La Paz.
El perímetro de la Zona Típica abarca 86 hectáreas e incluye la totalidad de la superficie al interior del Cementerio que no fue protegida como Monumento Histórico y además abarca el espacio público de la avenida La Paz, eje que conecta la plaza de acceso del Cementerio con la Plaza de Armas a un poco más de 2 kilómetros al sur.
El mes de enero fue ingresado este expediente y se formalizó la solicitud para la declaratoria.
El mes de febrero desarrollé una pagina web que me permitió crear un espacio de participación ciudadana a través de la apertura de un foro pensado para reunir las firmas y opiniones de apoyo al proceso de declaratoria, campaña que resultó clave para la aprobación de la iniciativa y que fue una idea que surgió a raíz de que en el único caso en que se había logrado previamente la aprobación de una declaratoria con el propietario en contra, hubo una campaña de firmas de apoyo que inclinó la balanza a favor de los intereses de la comunidad.
Marzo y abril fueron meses de envío de sucesivas cadenas de mails, de búsqueda de apoyos de distintos actores relevantes dentro del mundo del patrimonio, de la arquitectura y la cultura y de permanente llamado de atención a los medios de comunicación para que apuntaran su lente a las sesiones del Consejo de Monumentos en que se discutiría el tema. Se sumaron los apoyos de la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, del Colegio de Arquitectos de Chile, de numerosos profesionales destacados, premios nacionales y millares de ciudadanos que participaron activamente y se sintieron agradecidos de poder ayudar. No hubo suerte con las embajadas y consulados de las colonias extranjeras más importantes presentes con mausoleos colectivos, ni tampoco con la mayoría de las instituciones invitadas a apoyar, excepto el Ejército de Chile que manifestó su apoyo desgraciadamente de manera tardía.
La votación favorable de los Consejeros era la única esperanza de éxito. La Secretaría Ejecutiva de Monumentos Nacionales actuó permanentemente en contra de la iniciativa, sólo entendiéndose con la Administración opositora y marginándome de cualquier reunión de trabajo, visita a terreno, discusión o actividad relacionada. La razón: la magnitud de la declaratoria, la cantidad de obras protegidas, el trabajo adicional que esto les significará y la carencia de presupuesto y de personal para manejar adecuadamente el problema. Desgraciadamente la Secretaría Ejecutiva es un cargo político por lo que su criterio de decisión privilegia la permanencia en el poder y en el cargo, por sobre la protección de bienes patrimoniales que debiera custodiar, como la Ley de Monumentos lo dispone.
En mayo se convocó la votación de los Consejeros, sesión a la que no fui invitado ni notificado. En contraste fue invitada una comitiva de la municipalidad de Recoleta y el Director del Cementerio expuso sobre lo dañino que sería la declaratoria para el Cementerio, sobre la excelente labor de preservación que dicen haber realizado, sobre la inexistencia de excedentes anuales para destinar a restauración y recalcó que mi trabajo estaba lleno de errores y falsedades. La otra acción preparada por la Secretaría Ejecutiva para boicotear la propuesta, fue omitir la existencia de una campaña de firmas presentadas como el apoyo ciudadano de la solicitud y que debió ser expuesta a los Consejeros.
En estas condiciones llegamos a la votación y para entender lo que pasó después debo agregar un dato anecdótico y personal, pero que fue determinante. Tiempo atrás había visitado a mi abuelo en el Cementerio, ocasión en que le juré que lograría ascender su tumba y todo el Cementerio a la categoría de Monumento Nacional y en que también le rogé que intercediera porque las cosas estaban muy difíciles. Había muerto el año pasado y me había dejado encargado que le entregara una pequeña pintura a uno de sus sobrinos. Cumpliendo su voluntad hago el contacto para entregar el óleo y el sobrino me pide que lo lleve a su oficina. Dio la eventualidad que su socio además de ser arquitecto, era Consejero de Monumentos, por lo que aproveché la oportunidad y le dejé una copia del expediente, le expliqué la propuesta, le entregué una copia de las firmas y le pedí que fuera nuestra vos en caso que se ocultara la existencia de este apoyo por parte de la Secretaría. El consejero me escuchó y estudió los antecedentes.
Antes de iniciar la votación el Consejero intervino. Cuestionó los dichos de la administración del Cementerio y lamentó el manejo que se ha hecho recientemente, defendió la calidad del trabajo y validó la seriedad de la propuesta. Finalmente dio a conocer la campaña de firmas de apoyos y leyó algunos nombres y opiniones expresadas en el foro. Luego de esto, los demás Consejeros decidieron citarme dentro de un mes a presentar personalmente la solicitud. La propuesta fue salvada oportunamente.
Como consecuencia, la Administración desistió de seguir oponiéndose y comenzaron a trabajar a último minuto en una propuesta propia de protección trabajada en conjunto con la Secretaría Ejecutiva.
En junio expuse frente al Consejo las razones que hacen del Cementerio General un Monumento Nacional y cuáles son sus principales valores patrimoniales, fundamenté la propuesta de Monumento Histórico y de Zona Típica, hablé en nombre de los ciudadanos que apoyaron la propuesta, planteé el rol que debiera cumplir el Consejo y transmití mi visión para el futuro del lugar. Al terminar los Consejeros decidieron votar definitivamente en la sesión de mes siguiente.
El tiempo de espera transcurrió entre discusiones con los arquitectos del Consejo de Monumentos para hacerles ver las inconsistencias de la propuesta de la Administración y luchar por mantener en carrera las categorías y superficies propuestas en el Expediente. Manteniendo informados a los medios de comunicación se creó bastante expectativa para el día de la votación, lo que indudablemente ayudó a vigilar el desarrollo del proceso, dificultando a los políticos mover sus hilos y velando así por el cumplimiento de las leyes y del beneficio común producido por la iniciativa.
El 8 de julio se realizó la votación. No supe nada hasta que me llama una periodista de El Mercurio, que dijo estar afuera de la Sala del Consejo y que recién ha sido aprobada por unanimidad mi propuesta de Monumento Histórico del Casco Antiguo y que se modificó el trazado del perímetro que seguía una a una los terrenos de las tumbas, por un criterio de eje de calles, porque la Administración no posee un plano detallado y no tendría posibilidades de manejar un polígono con ese grado de complejidad. Desgraciadamente la propuesta de la Zona Típica fue rechazada lo que creo que dejó satisfechos a la Municipalidad y al Secretario Ejecutivo.
Al día siguiente la periodista tituló “Cementerio General descansará en paz” y comienza diciendo “Todos quedaron contentos”, lo que aunque no es verdad, sienta el precedente de que existe un consenso que respalda el valor de la protección y lo que evidencia que las razones para oponerse de la Administración y de la Secretaría fueron siempre egoístas, perversas e impresentables frente a la opinión pública.
Hoy el Cementerio General es un Monumento Nacional, hecho simbólico que lo reconoce y lo valida como un inmenso bien patrimonial, realidad que hace menos de un año seguía siendo desconocida e incluso era cuestionada por su misma administración. Hoy se ha comenzado a pensar que es un lugar donde deben desarrollarse actividades culturales y turísticas. Hoy cualquier restauración, mantención, estudio o proyecto puede acogerse a las vías de financiamiento estatal o privado que se establecen en la institucionalidad chilena, las que no son muchas, pero existen. Hoy se ha comenzado a regular con un criterio patrimonial las actividades y edificaciones que se realizan en su interior, y también ha surgido la necesidad de confeccionar un “plan de manejo”. La realización de éste es deber de la Secretaría Ejecutiva, la que por carencia de fondos entregó la responsabilidad a la misma Administración que ha sido denunciada permanentemente como el principal agente destructivo del patrimonio cultural del Cementerio y que no posee la información, ni el conocimiento, ni el criterio necesario para el Plan, pero sí el interés de definir los lineamientos y estrategias para el desarrollo futuro del negocio que debe cumplir con satisfacer el apetito insaciable del Municipio por las platas de los muertos.
La batalla dejó un final agridulce de victorias y frustraciones. El Cementerio logró un nuevo estatus y reconocimiento y está siendo visto y reconocido con otros ojos. Su historia y sus obras cuentan con la protección de una institución independiente, que aunque no es perfecta, tiene profesionales bien calificados. Además el criterio de preservación ya no depende solamente de la opinión de una administración cuya designación en política y está sujeta a la suerte electoral.
Supongo haber respondido la cuestión de por qué tras 80 años de vigencia de la Ley de Monumentos, el Cementerio General se encontraba aún desprotegido, situación en la que podría haber seguido estando por décadas sino hubiera existido esta iniciativa y situación en la que siguen estando casi la totalidad de los cementerios públicos chilenos, la mayoría municipalizados. El tema de fondo son los intereses y las responsabilidades que afectan y deben asumir otras instituciones que controlan los cementerios, cómo en el caso chileno la Municipalidad de Recoleta y la Secretaría Ejecutiva del Monumentos Nacionales. Personalmente creo que en Chile, los cementerios debieran ser autónomos y administrados por las comunidades locales y que además debiera existir una ley que defienda los intereses de los muertos y que defina y proteja la dimensión patrimonial del los cementerios públicos, además de los aspectos sanitarios y urbanísticos, temas muy interesantes pero que no es la ocasión de tratar con más detalle.
La declaratoria de Cementerio General, se enmarca en las actividades de investigación, protección y difusión del patrimonio cultural del Cementerio General del proyecto denominado “La Ciudad de los Muertos”. Se ha ganado una batalla importante, pero se ha tenido fracasos y éxitos parciales. Han surgido nuevos desafíos, nuevos enemigos, nuevos frentes de batalla y nuevas causas que luchar. Espero tener pronto más resultados y noticias que contarles.
Aprovecho la ocasión para agradecer públicamente a todas las personas que creyeron en la idea de la declaratoria y que dieron su apoyo como expertos o como personas decididas y entusiastas.
Creo urgente seguir trabajando por el respeto y el recuerdo de nuestros muertos, y por la valoración de la arquitectura, el arte y la historia que los rodea. Aunque sea una tarea incomprendida y difícil, creo que podemos contar con la ayuda de ellos.
Muchas gracias y que ¡Vivan los muertos!
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